Desde la perspectiva de los ejemplos de antisemitismo de la IHRA, este discurso comienza abordando cuestiones reales relacionadas con la exportación de tecnología de vigilancia israelí, la utilización de Pegasus y la política exterior de Israel. Sin embargo, a medida que avanza, construye una narrativa según la cual el sionismo desarrolla un proyecto sistemático de expansión política y control sobre América Latina, atribuyéndole una capacidad coordinada para influir en gobiernos, alianzas regionales y decisiones soberanas. Ese tipo de narrativa se aproxima a uno de los ejemplos de la IHRA sobre la atribución de un poder oculto y desproporcionado al sionismo o a Israel.

El pasaje más problemático afirma que "el expansionismo de Israel no termina en Medio Oriente... termina en Latinoamérica" y que "el sionismo ya entró, solo que no es territorial, es de influencia". El discurso presenta al sionismo como un proyecto organizado de penetración política continental cuyo objetivo sería controlar gobiernos latinoamericanos. No se trata simplemente de criticar la diplomacia israelí o la venta de tecnología, sino de describir una estrategia global de influencia sin aportar evidencia suficiente que sustente esa conclusión.

Asimismo, el texto sostiene que Israel busca "partir a Latinoamérica", conseguir gobiernos que voten conforme a sus intereses y financiar alianzas regionales para ese fin. Los Estados desarrollan políticas diplomáticas para obtener apoyos internacionales, pero el documento presenta esa actividad como un plan de expansión e influencia excepcional atribuido al sionismo, reforzando una narrativa conspirativa sobre el papel de Israel en la región.

En cuanto a las afirmaciones falsas, engañosas o sin evidencia, la primera es que el sionismo ya entró en América Latina mediante un proyecto de influencia organizado. El texto no aporta pruebas de la existencia de una estrategia continental coordinada destinada a controlar políticamente la región. La cooperación diplomática, tecnológica o comercial entre Israel y distintos países no constituye, por sí sola, evidencia de un plan de dominación política.

El documento afirma que Israel busca romper el bloque de países que apoyan la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Es razonable asumir que cualquier Estado intenta obtener respaldo diplomático en litigios internacionales. Sin embargo, el texto presenta esa conducta como parte de una estrategia de expansión regional sin ofrecer evidencia adicional que permita sostener esa interpretación.

También sostiene que Israel financia una alianza para dividir América Latina, en referencia a los llamados Acuerdos de Isaac. No aporta evidencia de que esa iniciativa tenga como finalidad fragmentar políticamente la región. Además, la referencia parece confundir el nombre de la iniciativa con los Acuerdos de Abraham, que son un marco diplomático distinto y no una alianza latinoamericana.

Respecto de Pegasus, es correcto que México fue uno de los primeros y mayores usuarios conocidos del software espía desarrollado por NSO Group y que distintas investigaciones periodísticas documentaron su utilización contra periodistas, activistas y opositores. Sin embargo, el texto extrapola esos hechos para afirmar que constituyen "la huella de Israel en Latinoamérica", atribuyendo directamente al Estado de Israel las decisiones adoptadas por distintos gobiernos mexicanos respecto del uso del programa. Esa conclusión no se desprende necesariamente de los hechos mencionados.

El discurso también presenta como un hecho establecido que Israel está cometiendo un genocidio. Es cierto que Sudáfrica promovió un proceso ante la Corte Internacional de Justicia y que varios Estados expresaron apoyo a esa iniciativa. Sin embargo, la Corte no ha dictado una sentencia definitiva que determine la existencia jurídica de un genocidio. El texto presenta una acusación pendiente de resolución como si fuera un hecho ya probado.

En conjunto, el documento mezcla hechos verificables —como la exportación de Pegasus, las investigaciones sobre su uso en México y la existencia del proceso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia— con una narrativa de expansión e influencia continental atribuida al sionismo que carece de evidencia suficiente. Desde la perspectiva de la definición práctica de la IHRA, el aspecto más problemático no es la crítica a la política exterior israelí, sino la representación del sionismo como un proyecto coordinado de control político sobre América Latina, acompañada de varias afirmaciones presentadas como hechos sin respaldo verificable.