El autor sostiene que el juez acusado de antisemitismo podría estar hablando "del sionismo y no del judaísmo en sí", sugiriendo que la acusación sería improcedente. Esa afirmación, por sí sola, no vulnera la definición de la IHRA, ya que la crítica al sionismo o a las políticas del Estado de Israel no constituye automáticamente antisemitismo. No obstante, el discurso no analiza el contenido concreto de las expresiones atribuidas al juez, sino que presupone que toda denuncia por antisemitismo estaría confundiendo deliberadamente ambas cuestiones.

La crítica a la DAIA y a Sabrina Ajmechet (el texto la escribe "Sabrina Mechez") forma parte del debate político argentino y, por sí misma, no encuadra dentro de los ejemplos de antisemitismo de la IHRA. Tampoco lo hace la propuesta de romper relaciones diplomáticas con Israel o imponer sanciones al Estado israelí, ya que se trata de posiciones políticas que, independientemente de que puedan compartirse o no, no implican necesariamente hostilidad hacia los judíos como colectivo.

En cuanto a las afirmaciones falsas, engañosas o sin evidencia, la primera es que el gobierno israelí está cometiendo un genocidio "denunciado por todos los entes internacionales". Diversos organismos internacionales, expertos de Naciones Unidas y organizaciones de derechos humanos han formulado denuncias o advertencias sobre posibles violaciones graves del derecho internacional humanitario. Sin embargo, no es correcto afirmar que "todos los entes internacionales" sostengan esa posición, ya que existen diferencias significativas entre organismos, Estados y expertos respecto de la calificación jurídica del conflicto.

El texto también presenta como un hecho consolidado que el gobierno israelí es un "gobierno terrorista". Esa expresión constituye una calificación política y no una determinación jurídica internacional. Ningún tribunal internacional ha declarado al Estado de Israel como organización o Estado terrorista.

Asimismo, se afirma que existe un "pedido de captura de la misma Corte Penal Internacional". La Corte Penal Internacional emitió órdenes de arresto contra Benjamin Netanyahu y Yoav Gallant por presuntos crímenes dentro de su jurisdicción, pero ello no equivale a un pedido de captura contra el gobierno de Israel ni constituye una declaración de culpabilidad. El texto simplifica y amplía el alcance jurídico de esas decisiones.

Por último, el discurso da por supuesto que la denuncia contra el juez responde únicamente a una confusión entre judaísmo y sionismo, sin examinar las expresiones concretas objeto del proceso disciplinario. Sin conocer el contenido de esas manifestaciones, esa conclusión carece de fundamento suficiente.

En conjunto, el discurso constituye una crítica política e institucional y no representa un caso claro de antisemitismo según la definición práctica de la IHRA. Sus principales problemas radican en la utilización de afirmaciones categóricas —como que "todos los entes internacionales" reconocen un genocidio o que Israel es un "gobierno terrorista"— presentadas como hechos jurídicamente establecidos cuando continúan siendo objeto de controversia o no cuentan con respaldo universal.