El texto afirma que "Israel es un Estado terrorista" y califica a Benjamin Netanyahu como "criminal de guerra". Ambas expresiones son extremadamente duras y polémicas, pero están dirigidas contra el Estado de Israel y contra un dirigente político, no contra los judíos como colectivo. La definición de la IHRA reconoce expresamente que las críticas a Israel comparables a las dirigidas contra cualquier otro Estado no son, por sí mismas, antisemitas.

Sin embargo, la afirmación de que "Israel es un Estado terrorista" presenta como un hecho establecido una calificación jurídica que no ha sido reconocida por el derecho internacional. Ningún organismo internacional ha declarado oficialmente que el Estado de Israel sea un "Estado terrorista". Se trata de una caracterización política, no de un hecho jurídicamente probado.

Por otra parte, describir a Benjamin Netanyahu como "criminal de guerra" requiere contexto. Existen investigaciones y procedimientos internacionales relacionados con la guerra en Gaza, e incluso órdenes judiciales internacionales son objeto de controversia y recursos, pero la responsabilidad penal individual solo puede establecerse mediante un proceso judicial definitivo. Presentarlo categóricamente como un hecho consumado simplifica una situación jurídica que aún continúa en desarrollo.

En síntesis, este mensaje constituye una crítica política extremadamente severa hacia Israel y su primer ministro, pero no encaja claramente en los ejemplos de antisemitismo de la IHRA. Su principal problema es presentar como hechos jurídicamente establecidos calificativos que siguen siendo objeto de controversia política y judicial.