El contenido está dirigido principalmente contra Luis Aruquipa, presidente de las Iglesias Evangélicas Unidas de Bolivia, a quien el autor acusa de exceder sus atribuciones institucionales al negociar acuerdos con Israel y anunciar cambios de funcionarios públicos. La crítica se centra en la legitimidad de sus actuaciones, en la separación entre religión y política y en el respeto a las competencias del Estado boliviano.

El texto no atribuye características negativas al pueblo judío, no utiliza estereotipos sobre los judíos, no presenta teorías conspirativas sobre el sionismo o el judaísmo, no responsabiliza colectivamente a los judíos por las acciones del Estado de Israel, no niega el derecho del pueblo judío a la autodeterminación ni establece comparaciones entre Israel y la Alemania nazi. Tampoco contiene referencias al Holocausto ni emplea los ejemplos clásicos de antisemitismo recogidos por la IHRA.

En cuanto a las afirmaciones que requieren contexto, el autor sostiene que el acuerdo firmado por Aruquipa con Israel "no tiene validez en lo absoluto" y que habría incurrido en un delito de usurpación de funciones. Esas afirmaciones constituyen una interpretación jurídica. La validez de cualquier acuerdo dependerá de la legislación boliviana, de la naturaleza del documento firmado y de las competencias legales de las partes involucradas. Del mismo modo, la eventual comisión del delito de usurpación de funciones solo podría determinarse mediante las autoridades competentes y conforme al derecho boliviano.

En síntesis, este documento constituye una crítica política e institucional hacia un líder religioso y hacia la forma en que se habrían desarrollado contactos con el Estado de Israel. No contiene elementos que encajen en los ejemplos de antisemitismo de la definición práctica de la IHRA, ya que el objeto de la crítica son las actuaciones de una persona y la legalidad de sus acciones, no los judíos como colectivo ni la existencia misma del Estado de Israel.