En primer lugar, responsabiliza colectivamente a los judíos al utilizar indistintamente los términos "sionismo", "gobierno sionista", "régimen de Netanyahu" y "Palestina libre", atribuyendo a un colectivo amplio la responsabilidad por la detención de dos activistas y por la situación humanitaria en Gaza. Asimismo, deslegitima al Estado de Israel al presentar al "régimen sionista" como el responsable de impedir deliberadamente la llegada de ayuda humanitaria, sin aportar pruebas que sustenten esa acusación.
El texto también contiene afirmaciones factuales que no se corresponden con los hechos conocidos. Afirma que el "gobierno sionista de Libia" detuvo a los activistas, cuando Libia no tiene un gobierno sionista ni mantiene relaciones diplomáticas con Israel; el este de Libia está controlado por autoridades propias que han actuado independientemente de Israel. Además, sostiene que Libia actúa como aliada del gobierno de Netanyahu y que frena la ayuda humanitaria "para que en Gaza se caigan de hambre", una imputación grave que no se sustenta con evidencia en el texto. Estas afirmaciones mezclan hechos no demostrados con atribuciones políticas amplias, reforzando una narrativa que asocia al sionismo y a Israel con una conspiración o responsabilidad global sin respaldo verificable.