El autor sostiene que, dado que Chile es un Estado laico, “el gobierno no puede reconocer legalmente una religión que posa de ser el pueblo elegido, o sea, privilegios de Dios”, y anuncia acciones judiciales relacionadas con esta tesis y con el lanzamiento de su libro El Plan Andinia.

El primer problema es una falsedad conceptual. La expresión judía “pueblo elegido” es una noción religiosa; no significa que los judíos posean privilegios jurídicos otorgados por Dios que el Estado chileno deba reconocer. El Estado puede reconocer jurídicamente comunidades religiosas sin aceptar como verdaderas sus doctrinas teológicas. Reconocer una iglesia cristiana tampoco significa que Chile reconozca jurídicamente la divinidad de Jesús. Confunde deliberadamente dos planos diferentes: libertad religiosa y adhesión estatal a una doctrina religiosa.

Por la misma razón, de la laicidad del Estado chileno no se desprende que sea inconstitucional reconocer jurídicamente al judaísmo o a instituciones judías. Para demostrar semejante afirmación necesitaría identificar una norma chilena que otorgara a los judíos un privilegio civil por ser el supuesto “pueblo elegido”. El fragmento no presenta ninguna.

Desde la perspectiva de IHRA, el punto más preocupante aparece cuando esa construcción se vincula con “proteger Chile” y, sobre todo, con El Plan Andinia. El llamado “Plan Andinia” es una conocida teoría conspirativa según la cual existiría un proyecto judío/sionista para apropiarse de territorios de Argentina y Chile y establecer allí un Estado judío. Si ese es efectivamente el contenido que el autor atribuye al término —el fragmento por sí solo no desarrolla el libro— entraría directamente en el terreno de las acusaciones conspirativas acerca de los judíos como colectivo contempladas por IHRA.

También resulta reveladora la frase según la cual esta actuación judicial serviría para “proteger Chile”, seguida inmediatamente por la referencia a que “en Argentina los están invitando a venir ahí al otro lado de la cordillera”. Si “los” se refiere a judíos —algo que este fragmento aislado no permite establecer con absoluta certeza— estaría presentando la presencia o llegada de judíos como una amenaza de la cual Chile necesita ser protegido. Eso sería mucho más grave y requeriría analizar el contexto anterior del discurso para afirmarlo categóricamente.

Hay además una cuestión fundamental: IHRA no considera antisemita cuestionar una religión, discutir la teología judía, criticar a Israel o presentar una demanda judicial contra una organización judía. El problema surge cuando se transforma a los judíos en un colectivo que supuestamente disfruta de privilegios incompatibles con la Constitución o amenaza territorialmente a Chile.

En síntesis, las dos afirmaciones que requieren mayor atención son: primero, presentar el concepto religioso de “pueblo elegido” como un privilegio jurídico supuestamente reconocido por Chile; segundo, vincular esa argumentación con el Plan Andinia y con la necesidad de “proteger Chile”. La primera es una confusión jurídico-teológica no sustentada en el texto. La segunda, si se refiere a la conocida teoría de una apropiación judía de la Patagonia, reproduce precisamente el modelo de conspiración colectiva que IHRA identifica como una manifestación de antisemitismo.

Y hay una ironía jurídica bastante sencilla: un Estado laico no necesita decidir si un pueblo fue elegido por Dios. Precisamente porque es laico, ese asunto no le compete.